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Marcelo Gallo Tagle: “estamos perdiendo la institucionalidad”

El presidente de la entidad de los jueces nacionales y federales cuestionó “la falta de seriedad” de la reforma de las jubilaciones especiales.

Marcelo Gallo Tagle: “estamos perdiendo la institucionalidad”

09/03/2020

Marcelo Gallo Tagle es pesimista sobre el trámite que el Senado dará al proyecto de reforma de las jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos, y, sobre todo, es pesimista en cuanto a los efectos que esa modificación surtirá en las arcas públicas y en la administración de justicia. En un diálogo telefónico, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional lamenta que una cuestión tan delicada haya sido tratada por el Gobierno nacional con tanto apuro y ensimismamiento. Su veredicto es que, antes o después, la remodelación legislativa será más dañina que el esquema excepcional actual y que el pueblo sufrirá los perjuicios, y no sólo la judicatura. “Estamos perdiendo la institucionalidad”, sentencia Gallo Tagle.

 

-¿En qué situación está el proyecto de la ley en el presente?

-Respecto del proyecto originario que envía el Poder Ejecutivo el 15 de febrero, las modificaciones que hay son la edad de la mujer, que corrigieron y quedó en los 60 años, y la derogación de la posibilidad de convocar a los magistrados jubilados. Desde nuestro punto de vista esta última es una mala decisión en una situación de emergencia como la actual, en la que ya existe un 25% de cargos vacantes en la Justicia Nacional y Federal. Este proyecto puede generar hasta otro 25% más. ¿Se van a ir los 350 jueces que están en condiciones de hacerlo? Es una decisión individual, no lo sé, pero el número es verdad. Al día de hoy, 55 de esos 350 magistrados ya presentaron la jubilación y todavía no salió la ley. ¿Por qué? Porque esta propuesta, tal y como venía desde el Ejecutivo, y mantuvo el Congreso, tiene una cantidad de contradicciones y de ambigüedades en su redacción, que genera una inseguridad jurídica enorme. Muchos deciden, frente a este desastre, que es mejor irse ahora para evitar malos entendidos y judicializaciones.

-¿Qué sugieren ustedes?

-Tenemos dos propuestas. Una que va al fondo del asunto para hacer una norma mucho más ecuánime y sensata que la que están presentando. La segunda surge cuando advertimos que había un empecinamiento en no cambiar nada y que faltaba real voluntad de escucha, y digo “real voluntad de escucha” porque, si bien fuimos convocados por ambas cámaras, no habíamos terminado de hablar y el oficialismo ya estaba haciendo circular el texto de la mayoría y el dictamen de mayoría. Nos dimos cuenta de que no importaba lo que dijéramos. Entonces, al Senado fuimos con otra postura. Ya que no va a haber real voluntad de cambiar nada, que no hay real voluntad de debatir ideas para hacer algo serio, al menos pedimos que corrijan los errores de redacción; las contradicciones y las omisiones. Ustedes habrán visto en millones de oportunidades las colas de jubilados en los Tribunales cuando hay una nueva modificación de alguna ley previsional. Va a pasar lo mismo acá porque hay pequeñas cosas que llevan a conflictos que podrían haber sido evitados.

-¿Con qué argumento decidieron quitar la posibilidad de convocar a los jueces jubilados como subrogantes?

-Los diputados derogaron esta alternativa legal a partir de un argumento falso o, al menos, equivocado, que es el siguiente: no podemos mantener la convocatoria de magistrados jubilados porque estos ganan más que un magistrado en actividad. Es falso. Pero, supongamos que no fuera falso, que fuera real, si el argumento para derogarlo es que cobran más, hay que ajustar eso. Derogaron el instituto completo y crearon un problema enorme porque no hay manera de cubrir la emergencia de las vacancias judiciales. Entonces, tampoco se entiende cuál es el objetivo buscado y con semejante apresuramiento. Acá se está perdiendo la institucionalidad y me refiero a la de los tres poderes del Estado. Sentémonos a discutir las ideas de fondo, y dejemos de perder tiempo en el amarillismo; en el populismo; en criticar sin tener conocimiento y en votar sin saber el contenido de lo que se está votando.

-El cambio del mecanismo de la movilidad que pasa del 82% del último sueldo al 82% de los últimos 120 sueldos, ¿qué significa? ¿Van a percibir como jubilados el 50 o el 60% de la retribución activa?

-No puedo responder con precisión por un problema grave del proyecto de ley: no dice cuál es el índice, por lo que no podemos saber a ciencia cierta cuál es el impacto de la reducción. Hemos hecho cálculos con distintos índices existentes en otras leyes previsionales, y la pérdida ronda entre el 25 y el 30%. O sea, la jubilación ascendería al 55 o 60% de la remuneración. Esto es grave porque, sin números que fundamenten la medida, endurecen un sistema agravado. Nosotros hoy estamos aportando el 12%, pero ese 1% que damos por encima del aporte general, es mayor porque no tiene techo. Nosotros entregamos el 12%, pero sobre nuestro haber bruto y sin techo: ahora lo llevan al 18% sobre el bruto y sin techo. La arbitrariedad no tiene justificativo: es un avasallamiento del Poder Judicial. No hay un debate serio de ideas donde den explicaciones de los números y, encima, al no fijar el coeficiente de actualización, los jueces quedamos en manos de una comisión política que arbitrariamente decide, con la frecuencia que se le ocurre, subir y bajar el índice de esa ecuación. El Poder Judicial es el único organismo con ingresos absolutamente en blanco porque carece de las sumas no remunerativas que no aportan para el sistema previsional. Esas cosas son las que irritan cuando digo no hay voluntad de escucha ni de diálogo, de informar adecuadamente. Hay premeditación en ocultar datos para que esto parezca más negativo de lo que es y cargar toda la culpa en la Justicia. Esas cosas demuestran la voluntad de avanzar en forma violenta y avasallante sobre el Poder Judicial.

-En el medio de este debate, un fiscal de Córdoba, Enrique Senestrari, reveló que ganaba casi $ 600.000 mensuales y dijo que eso le parecía excesivo. ¿Cómo ve usted la brecha salarial que hay entre los jueces y los ciudadanos comunes?

-Nadie ata las manos a ese fiscal para pagar el impuesto a las ganancias. ¿Lo ha hecho? Me parece muy bien la autocrítica, pero me gustaría que vaya acompañada de actos concretos. ¿Hizo algún aporte solidario a una institución o propuso alguna manera de corregir el ingreso? Hay que acompañar las palabras con demostraciones válidas de la preocupación que aquellas denotan para que el comentario sea serio. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en estos asuntos y, por un lado, sabemos que la Constitución establece ciertas garantías para la independencia judicial, y, por el otro, somos conscientes de que en la sociedad esto genera una irritación que es muy difícil de defender. Por ese motivo nosotros salimos a buscar los ajustes necesarios para modificar esta imagen negativa. Por ejemplo, nosotros queremos reducir la duración de los juicios. Pero esa prolongación no es necesariamente responsabilidad de un magistrado porque debemos respetar una ley que no dictamos que establece el procedimiento debido. Si por saltar pasos y ahorrar tiempo arbitrariamente ignoramos la ley, lejos de acortar el pleito, multiplicamos su prolongación. Nosotros no podemos hacer las modificaciones porque no somos legisladores: solo estamos en condiciones de proponer ideas a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Poder Judicial debe brindar un servicio de excelencia y, para ello, debe tener a los mejores jueces y pagarles bien porque un magistrado sólo puede trabajar en la Justicia y en la docencia. Este tipo de reforma previsional lo que hace es expulsar a los buenos y llenar la Justicia de gente que tal vez no reúna los requisitos de idoneidad.

-Pero la insatisfacción con la administración de justicia es palpable y hasta el presidente Alberto Fernández mencionó la politización de los Tribunales el 1 de marzo. ¿Qué opina de ese diagnóstico?

-Si los proyectos de reforma que se presentan son trabajados con seriedad y con una medición del impacto, van a ser acompañados por todos los integrantes del Poder Judicial. Si esos proyectos postulan las mismas imperfecciones o favorecen a intereses ocultos, recibirán las críticas que hemos hecho habitualmente a todos los gobiernos. Hagamos las cosas bien. Demos participación a los afectados por las modificaciones para que haya una auténtica voluntad de diálogo y seriedad que fortalezca el intercambio de ideas. No le quepa la menor duda de que somos nosotros los primeros que queremos incorporar cambios al Poder Judicial porque queremos trabajar mejor y queremos cambiar nuestra imagen negativa muchas veces injustamente ganada. Pero no vamos a callar cuando advirtamos un retroceso institucional: plantearemos nuestra posición con responsabilidad.